Malas noticias para Endesa. La empresa controlada por la SOE italiana Enel (empresa de titularidad estatal dado que rebasa el 20% de su capital) tiene que devolver al sistema eléctrico 359 millones de euros, según reciente resolución de la Dirección General de Política Energética y de Minas, respecto a la liquidación de 2015 de los costes extra de la actividad de producción en los sistemas energéticos no peninsulares.
El 74,6% de esta devolución, 268 millones, se originó por los ingresos provisionales obtenidos en los grupos de Canarias, según los cálculos de la Dirección General de Política Energética, que establece que 349 millones los devolverían a la caja común del sistema eléctrico, mientras que los restantes 10 millones son a favor de los Presupuestos Generales del Estado.
De no haberse ingresado estas cantidades que ahora Endesa tiene que devolver, su cuenta de resultados conjunta de los territorios no peninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) habría arrojado unos números rojos de 208,20 millones de euros. En cambio, sin la devolución, contablemente marcó un beneficio de 150,79 millones de euros, según las Cuentas Auditadas examinadas por la CNMC en 2018.
En términos de ingresos, supone una reducción en 2015 desde 1.779,44 millones de euros a 1.420,44 millones de euros, es decir, una caída del 20% de la facturación. Es llamativo que el 59% de estos ingresos corresponda al cobro del sobrecoste de generación. Es decir, más de la mitad de lo que ingresa Endesa en las islas es lo que cobra por sobrecostes con cargo a los PGE y la caja del sistema eléctrico.
Las peculiaridades del modelo canario
Esta resolución se enmarca en el peculiar statu quo energético de las Canarias. Ahí se da una situación de semimonopolio por parte de Unelco-Endesa, a la vez titular de la red de distribución y garante último del suministro eléctrico. Éste fue el papel que se le otorgó en su día a la Endesa pública, y que mantuvo tras su privatización, a cambio de recibir una compensación anual para cubrir los sobrecostes del sistema que igualara la tarifa de las Islas a la de la Península y una retribución regulada para tener una red y unas centrales en condiciones óptimas.
Los graves apagones que sufrió la isla de Tenerife en septiembre de 2019 y julio de 2020 son la manifestación más evidente de que esas condiciones óptimas no se están dando. Tanto el parque de generación, basado en un 90% en combustibles fósiles, como la red de distribución muestran cada vez más problemas.
El sistema eléctrico canario es débil, y por tanto hay un riesgo para la seguridad del suministro. Por eso desde la asociación reclamamos su reforma urgente, con el desmantelamiento ordenado del actual régimen de cuasi monopolio de Unelco-Endesa y planes ambiciosos de electrificación de las Islas e interconexiones energéticas.
Es necesaria una mayor introducción de energías limpias que reduzcan la dependencia y concentración en carbón y fuel, junto a la necesidad de más permisos para instalaciones renovables, pensar y planificar otros sistemas de almacenamiento y reforzar las plantas de biomasa y cogeneración. En definitiva, apostar por energías limpias, pero sin olvidar a las energías de respaldo. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde, rediseñando un modelo que acaba perjudicando a los ciudadanos.
