Ahora que estamos inmersos en el inicio de una legislatura en la que se pretende atacar de forma decisiva una serie de problemas estructurales de nuestro país, como es el caso del cambio climático, y que hay que comenzar a aterrizar los grandes principios en medidas concretas es cuando nos encontramos ante la tarea de ver de que recursos disponemos y que es lo que se puede hacer de verdad.
Uno de esos recursos son nuestras empresas eléctricas, imprescindibles a la hora de trazar una estrategia inversora realista que además de dirigirnos hacia un futuro descarbonizado siga prestando a empresas y particulares un servicio a la altura de los tiempos que corren, un buen servicio en suma, a unos precios razonables.
Y una de las empresas más decisivas para que todo eso se pueda hacer es Endesa, una compañía de la que depende una buena parte el suministro eléctrico a una buena parte de nuestro país.
Está Endesa muy directamente afectada por el final del carbón como fuente de energía y la forma en que se lleve a cabo esta transición es un referente inevitable para comprobar sobre el terreno como se va a manejar eso que se llama “transición justa”.
Porque si a las primeras de cambio nos encontramos con que un asunto tan previsto como el final del carbón suscita tanta polémica, ¿Qué va a pasar con todo lo demás que viene a continuación?
Lo que está sucediendo en As Pontes es un síntoma muy preocupante.
En esta localidad coruñesa, el pasado jueves 30 de enero tuvo lugar una manifestación en protesta por la aprobación del V Convenio Marco que afecta a la central térmica de Endesa en la localidad. Un día antes, se había producido una tensa asamblea en la que los trabajadores votaron masivamente en contra del texto que regulará sus relaciones con la empresa hasta 2023, por lo que consideran un recorte en sus beneficios sociales. Ese convenio nace del laudo arbitral dictado, el pasado 21 de enero, por el exministro Manuel Pimentel.
¿Cuáles son los puntos más polémicos de este convenio? La tarifa eléctrica de empleado ve reducida drásticamente su bonificación, tanto en consumo como en potencia contratada, y las ayudas al estudio pasan del 60% de los gastos académicos de los hijos e hijas, a un máximo de 400 euros anuales. La pérdida de beneficios sociales es seria. Respecto a los beneficiarios pasivos (es decir, jubilados y prejubilados), recuperan el derecho al suministro eléctrico bonificado (6.000 Kwh al 100%, más 3.000 Kwh al 50%) que había quedado suprimido sobre el primer texto del convenio, pero con una reducción notable con respecto a la situación anterior.
Todo nace del laudo, cuyo análisis detallado revela algunas incongruencias. Estos son los tres puntos polémicos de la argumentación del laudo.
- Para calcular el consumo bonificado, el árbitro toma la media eléctrica de los hogares españoles del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía) como la adecuada para su valoración, pero sin tener en cuenta que ese dato no incluye todo el consumo energético, sino solo el consumo de electricidad medio por hogar: 3.487 Kwh/año. El mismo IDAE nos dice que este consumo total, no solo eléctrico, es de 0,852 tep (toneladas equivalentes de petróleo, siendo 1 tep = 11.630 Kwh). Por tanto, los hogares españoles tienen un consumo total medio de 9.909 Kwh/año. Llama también la atención los argumentos utilizados para determinar que son precisamente 6.000 Kwh -una cifra muy asumible por Endesa- los que pueden recibir de forma gratuita los pasivos.
- En los fundamentos del laudo se habla de la sentencia de la Audiencia Nacional en contra de los derechos de los trabajadores pasivos, pero no considera el voto particular de una de las Magistradas, que defiende el derecho a los demandantes y provoca que la sentencia no sea por unanimidad y esté recurrida ante el Tribunal Supremo. A este respecto, ya empiezan a producirse resoluciones a demandas individuales en las que los tribunales dan la razón al personal pasivo.
- Este laudo abre la puerta a que la provisión que Endesa venía dotando para realizar los pagos de estos derechos de los trabajadores pasivos, que supera los 700 millones de euros, pueda formar parte de los próximos beneficios a repartir entre sus accionistas. Es decir, que se los lleve Enel, como accionista mayoritario, a través de los dividendos. La trayectoria de la empresa controlada por el Estado italiano y su escaso compromiso con la transición energética en España son malos augurios de futuro, en As Pontes y para todo el conjunto de su actividad a través de Endesa.
Es decir, que se aprovecha la transición energética para hacer ajustes en la empresa, lo que no parece una buena práctica ni ayuda a la extensión de las ideas de que se trata de una estrategia nacional de primer orden.
La cuestión no es el derecho que tiene una empresa a reestructurar sus costes e intentar perseguir una mayor rentabilidad (clave para poder mantener inversiones y empleo a largo plazo), sino la mezcla que se hace de unas cosas y otras.
Si Endesa tiene que reestructurarse es una cuestión, y que se justifique con la transición energética es otra muy distinta.
(Fuente de la imagen: https://www.diariodeferrol.com/)
