La Ley de Cambio Climático y Transición Energética continúa avanzando pasos hacia una pronta aprobación. Este mes de febrero, el anteproyecto ha sido tomado en consideración por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), principal órgano de encuentro y participación entre la Administración General del Estado y los agentes sectoriales.
Los siguientes pasos son su análisis en la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y por el Consejo de Estado, antes de su remisión al Consejo de Ministros y su posterior tramitación parlamentaria. Sería el punto final de un proceso que comenzó en 2011, cuando la Comisión Mixta Congreso/Senado para el Estudio del Cambio Climático recomendó al Gobierno de entonces elaborar una norma específica.
El nuevo borrador ofrece alguna novedad importante respecto al anterior, elaborado a mediados de 2019, con el Ejecutivo central en funciones. Y formalmente, esta nueva versión es algo más prolija: pasa de 28 artículos a 37 y de ocho títulos a nueve. Además, tiene dos disposiciones transitorias en lugar de una y 12 finales en lugar de 10.
Objetivo: neutralidad climática en 2050
Conceptualmente hay novedades importantes, aunque el espíritu de la norma permanece intacto: se trata de descarbonizar la economía española con el horizonte temporal de 2050, desde un enfoque, según los promotores de la ley, de justicia social. Sus objetivos se alinean con “El Pacto Verde europeo” –The European Green Deal-, acordado por la Comisión Europea en diciembre de 2019.
En este sentido, probablemente el cambio más importante con respecto al anterior proyecto decaído en las Cortes tras la convocatoria de Elecciones, es que los objetivos a 2050 pasan de ser una reducción de emisiones de al menos un 90% a alcanzar la neutralidad climática, es decir, que las emisiones de carbono sean totalmente compensadas por diferentes vías. Antes, en 2030, el 70% de la energía deberá haber sido generada por renovables. Desde 2021, se convocarán subastas para impulsar la construcción de al menos 3.000 MW de instalaciones renovables.
Con objetivos tan ambiciosos, esa transición tendrá costes sociales, empresariales y presupuestarios por determinar. De momento, el nuevo texto del anteproyecto amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberá contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad final, pendiente de las negociaciones presupuestarias con Bruselas, será en cualquier caso, según la intención del Ejecutivo, superior a la anteriormente fijada (20%).
Zonas de bajas emisiones obligatorias para las ciudades
Para lograr el objetivo de la neutralidad de emisiones, la norma incide en distintas áreas. Una de las más importantes es limitar las emisiones contaminantes en las aglomeraciones urbanas. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en 2018, el transporte fue el sector con mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero, un 27%. Por sí solo, el tráfico por carretera representa un 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, de ellas, alrededor de un tercio se concentra en los entornos urbanas. Es, además, uno de los principales emisores de óxidos de nitrógeno, con un efecto muy pernicioso para la salud.
Para atajar este problema, el nuevo borrador consagra como obligación que los municipios de más de 50.000 y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones -al estilo de ‘Madrid Central’- no más tarde de 2023 y fija que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo de las Administraciones estatales o autonómicas competentes. También como novedad, el anteproyecto indica que dichos municipios y territorios insulares impulsen medidas de movilidad eléctrica compartida.
Con el objetivo de favorecer la expansión del coche eléctrico, y en esta misma línea, el nuevo anteproyecto introduce obligaciones de instalar al menos un punto de recarga rápida —50 kW— en aquellas estaciones de servicio que tengan un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina. Se trata de un 9% del total de la red de gasolineras.
2050: el fin de los coches con emisiones directas de CO2
Además, el anteproyecto establece que todas las administraciones deben adoptar medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluyendo los vehículos matriculados históricos y los no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones de 0 gCO2/km. A tal efecto, se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.
