Reducción de emisiones de CO2: el papel del sector forestal

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Las políticas de cambio climático y transición energética, pivotan sobre el concepto general de reducción de emisiones de CO2, el principal gas de efecto invernadero (GEI). En este sentido, la principal de las vías de actuación en que las políticas públicas hacen hincapié, es en la bajada de las emisiones brutas por parte de los sectores económicos, principalmente la agricultura, la industria (incluyendo la producción de energía) y el transporte. Sin embargo, pocas veces se coloca al mismo nivel de importancia la extensión y cuidado de los denominados “sumideros naturales de carbono” que son los bosques.

Para España, debería ser una de las vías más importantes dada la estructura del territorio y las ventajas competitivas que el país tiene con respecto a sus socios europeos. Así, voces como las del presidente de Repsol Antonio Brufau, piden que los esfuerzos se racionalicen y equilibren tomando en consideración no sólo la reducción de emisiones agrícolas o industriales sino también con un plan ambicioso de extensión de la superficie forestal, donde hay todavía cierto margen. España es el tercer país de Europa con mayor volumen de masa forestal, sólo por detrás de Suecia y Finlandia. Concretamente, 7.500 millones de árboles y 18,41 millones de hectáreas, donde su masa forestal crece a un ritmo anual del 2,19% (media europea de 0,51%), según datos de Eurostat recogidos por el Anuario Estadístico de España 2017.

Esto supone que más de la mitad del territorio español es forestal (54,8%), y donde la mayor parte se divide entre monte bajo (matorral) y bosque. En este sentido, el margen de mejora está, sobre todo, en el aprovechamiento de los bosques, donde sí existe un déficit claro con respecto a los países europeos. Con datos de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, nuestro país es el octavo en aprovechamiento de la madera: cada año se quedan en el monte del orden de 30 a 40 millones de m3/año de madera y biomasa. Además, en comparación con países de bosques semejantes como Francia o Italia, España aprovecha poco la madera como uso energético.

La importancia de la estructura de la propiedad

De entre los múltiples factores que pueden intervenir en la problemática forestal española, uno de los más importantes es la estructura de la propiedad. Así, los datos que proporciona el Ministerio de Agricultura del cierre de 2016 con respecto a 2015 son evidentes: las regiones que tienen un porcentaje de monte de titularidad comunal y desconocida por encima de la media, son las que concentran la mayor parte de la superficie quemada en España. En este análisis hay casos particulares de regiones donde las entidades locales gestionan de una mejor forma las propiedades comunales limpiando los bosques y explotando el potencial turístico que tiene en pleno auge del turismo rural.

Así, Galicia, la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias (también Castilla y León pero en menor medida) son las CC.AA. con mayor incremento en puntos porcentuales de la superficie afectada por incendios y a la vez con un porcentaje elevado de propiedad en manos comunales (entidades locales sobre todo y en manos desconocidas) superior en media al 35%. Por el contrario, el Principado de Asturias, Cantabria y Aragón son las que han registrado menos superficie quemada entre 2015 y 2016 y posee una estructura de propiedad comunal y desconocida por debajo de la media.

Reforzar el sector forestal para una reducción de emisiones de CO2

Teniendo en cuenta esta problemática, los avances realizados en los últimos años invitan al optimismo de un reforzamiento del sector forestal como clave fundamental para conseguir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 netas, tal como se establece en los acuerdos europeos y, en especial, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). También por el lado público, puesto que España es líder a nivel europeo en Parques Nacionales y Espacios Protegidos, lo que supone más del 50% del total europeo y el 5% del total mundial, según la Sociedad Española de Ciencias Forestales. 

Estos éxitos pasados y los hitos futuros, pasan por una política tanto nacional como autonómica donde haya un equilibrio entre agricultura e industria como emisores de CO2 cada vez más eficientes, y un reforzamiento del sector forestal basado en una sólida estructura de propiedad, con una regulación que favorezca el aprovechamiento de los bosques y evitar la penalización que supone una excesiva regulación medioambiental.

Es el caso, por ejemplo, de regiones como Asturias, Castilla y León o País Vasco, donde en 2017 se emitieron menos toneladas equivalentes de CO2 que en 1990, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Tasa de crecimiento anual acumulativa de emisiones GEI (en toneladas equivalentes de CO2)

CC.AATC 1990-2017
ANDALUCÍA
1,19%
ARAGÓN0,45%
ASTURIAS-0,34%
BALEARES1,56%
CANARIAS1,71%
CANTABRIA0,79%
CASTILLA Y LEÓN-0,36%
CASTILLA-LA MANCHA0,11%
CATALUÑA0,55%
COMUNIDAD VALENCIANA1,31%
ESPAÑA0,61%
EXTREMADURA1,90%
GALICIA0,08%
LA RIOJA1,95%
MADRID1,45%
MURCIA1,72%
NAVARRA1,43%
PAÍS VASCO-0,05%

Fuente: Sistema Español de Inventario de Emisiones. Ministerio para la Transición Ecológica. Ver datos aquí

La evidencia empírica recogida en estos datos, muestra hasta qué punto viniendo de escenarios de altas emisiones (Asturias y País Vasco procedentes del sector industrial y en el caso de Castilla y León mayoritariamente del sector agrícola y ganadero) el crecimiento de la masa forestal y las mejoras en su gestión, permiten que las emisiones netas decrezcan de forma sostenida en el tiempo. Este proceso de convergencia en la reducción de emisiones netas, sin embargo, cuenta con dos “outsiders” como son Andalucía y Cataluña, donde las emisiones netas son de las más elevadas y además han crecido entre un 0,55% y un 1,19% en tasa media anual desde 1990.

Convergencia condicional de las regiones hacia la reducción neta de emisiones GEI (2017)


Fuente: Elaboración propia. Ministerio para la Transición Ecológica

En suma, revalorizar el sector forestal encaja perfectamente bajo una estrategia de cambio climático y economía circular, donde el aprovechamiento de la biomasa forestal es fundamental para producir energía más limpia, menos contaminante y reducir el malgasto que se realiza de los recursos naturales. Una explotación sostenible y racional de la biomasa forestal permite obtener una fuente de riqueza estable y recurrente en el tiempo, además de reducir considerablemente el riesgo de incendios que cada año en promedio se lleva casi 100.000 hectáreas.  

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