La Sra. Maite Costa, en una reciente entrevista publicada en el periódico El Mundo, ha realizado algunas afirmaciones que deben tener réplica. Dice la Sra. Costa que “los usos de la energía deben acomodarse al momento en el que el precio es más apto para su consumo”, y aunque parece referirse a los beneficios de las nuevas tarifas horarias, ojalá hubiese tenido este criterio en su etapa de presidenta de la CNE, para habernos evitado a todos los consumidores los sobrecostes que se originaron con la apuesta por tecnologías renovables que en aquel momento eran inmaduras, ineficientes y carísimas.
Reconoce que “la energía generada recibía unas primas muy generosas” y que “se generó un déficit muy elevado, pero se consiguió dar la vuelta al sistema”, “pero era un objetivo de política energética” la realidad actual es que todos los consumidores seguimos pagando el déficit originado.
En segundo lugar, habla de los posibles beneficios que puede conllevar la digitalización y dice que “estamos inmersos en un proceso de transformación tan radical a nivel tecnológico que es posible que muchos consumidores no sepan aprovecharlo… se requieren consumidores preparados”, es decir los consumidores no estamos preparados para aprovechar los precios bajos que nos ofrece el mercado, y nos preguntamos ¿quién paga la electrificación necesaria en los hogares para poder beneficiarse de estas nuevas condiciones? ¿Sería necesario acompasar los beneficios de la oferta a las necesidades de la demanda?
En tercer lugar, otro aspecto que hay que poner de manifiesto del discurso de la Sra. Costa es la dificultad para explicarle al consumidor la factura de la luz y considera necesario “reforzar en la enseñanza la idea de mercado y de consumidor desde los últimos años de la educación Primaria… los niños pueden ayudar a los mayores a usar un lenguaje tecnológico…”. Estando de acuerdo es que es necesario un mayor esfuerzo pedagógico, ¿por qué no sucede lo mismo con otro servicio básico como es el recibo del agua? Seguramente porque los consumidores entienden que se incluye un mínimo de consumo, un alcantarillado, unos consumos de agua reales, unos impuestos y unos servicios adicionales, como son la recogida de basuras y ya está; pero es que en el recibo eléctrico las basuras que se incluyen son las decisiones políticas inadecuadas y partidistas que en cada momento se toman y como esto no pueden decirlo abiertamente lo que pretenden es hacerlo incomprensible al consumidor, eso sí, con la obligación de que lo pague.
Por último, en la cuestión de la OPA de Enel sobre Endesa, en efecto, se trata de una operación de la cual la Sra. Costa tiene un amplio conocimiento, con consecuencias importantes en términos de coste económico que ha tenido tanto para Endesa como para España en la última década.
La “guerra de las opas” que acaba con Endesa en manos de Enel, empresa de titularidad estatal italiana, es uno de los episodios más negros de la historia empresarial de España, donde se produjeron multitud de hechos insólitos que merecieron un contundente reproche por parte de la Comisión Europea por vulnerar España las reglas de la libre competencia (y eso a pesar de declararse “muy europeista”), modificando normas que favorecían a Enel frente a otros competidores a la hora de quedarse definitivamente con Endesa, aparte del conflicto político y territorial que se produjo.
Más de diez años después de la operación, de la Endesa anterior a 2005 solo queda, y por interés comercial, el nombre. El resto (lugar real donde se toman las decisiones de inversión, operativa y priorización de mercados) es una empresa filial italiana que se beneficia de una inadecuada regulación en mercados cautivos (el caso del cuasi-monopolio eléctrico en las islas o la titularidad de la red de distribución en territorios importantes), con continuas desinversiones y crecimiento de la deuda para mantener el ritmo de pago de dividendos que ha permitido a la matriz italiana recuperar más del 100% de su inversión en España solamente habiéndose deshecho de un 20% de su participación inicial. Solamente en derechos de los trabajadores pasivos se han repatriado en dividendos más de 500 millones de euros provisionados.
En pleno proceso de Transición Energética “justa” lo adecuado sería advertir y reconocer los errores cometidos y tenerlos presentes para evitar volver a caer en pérdidas irreversibles de empresas españolas en sectores estratégicos, con respeto y consideración por todos aquellos, los consumidores españoles, que nos hemos visto afectados por esas malas decisiones políticas y regulatorias.
