Hace unos pocos días tratábamos en este blog los conflictos laborales de una de las empresas energéticas más importantes de España como es Endesa. A este respecto, siguen sucediéndose novedades preocupantes para el sistema energético nacional y, muy especialmente, para los esfuerzos del conjunto en materia de transición energética.
En este sentido, ha aparecido un nuevo actor en este tira y afloja que es el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de Trabajo, el cual ha requerido a la compañía (notificación realizada a la Comisión negociadora del Convenio) para que proceda a subsanar las contradicciones encontradas entre las disposiciones derogatorias en materia de beneficios sociales y lo dispuesto en el nuevo Convenio que se envía a esta Dirección para registro y publicación.
Pero no sólo Trabajo ha entrado en esta cuestión. De otra parte se ha situado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, tras la comparecencia del ministro José Luis Escrivá de la semana pasada ante el Congreso, apuesta por desincentivar las prejubilaciones y además ha planteado la necesidad de aprobar una actualización automática de las pensiones con el IPC, que pudiera servir para mitigar la incertidumbre del nuestro sistema de pensiones.
En este contexto de mayores trabas a financiar ajustes de plantilla y derechos con cargo a las cuentas de la Seguridad Social, se encuentra Endesa, en pleno cierre de sus centrales de carbón, que debería servir de ejemplo para una Transición Justa y que en cambio nos vuelve a servir como ejemplo de planes con difícil ejecución e impacto social. Está siendo traumático el proceso de reconversión de una compañía con grandes beneficios en un sector estratégico, escudándose en los mecanismos legales contemplados desde la Reforma Laboral de 2012 (especialmente, la eliminación de la ultra-actividad en los convenios colectivos) que le permiten negociar un nuevo Convenio y, al no conseguir acuerdo, dejar que el asunto lo cierre un árbitro, tratando de dejar a su personal activo, prejubilado y pasivo sin derechos históricos adquiridos y consolidados en Convenios y Acuerdos de su larga historia como empresa española, para, con ello, deshacer la provisión de más de 700 millones de euros que para el pago de estos beneficios sociales está dotada.
Pues si por un lado el Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene dificultades para poder registrar y publicar un Convenio de Endesa, imagínense a los trabajadores a quienes para acometer la Transición Justa se les ofrezca una prejubilación, las que se quieren desincentivar, y a los pasivos a los que el Ministro de Seguridad Social quiere dar garantías para mantener su poder adquisitivo cuando desde su ya antigua empresa, se pretende que pierdan o se minoren sus beneficios sociales, en detrimento de su poder adquisitivo.
Sin duda quedan capítulos por escribir por la gran cantidad de demandas y de resoluciones pendientes, pero en ningún caso parece que el camino seguido por Endesa pueda servir de guía y ejemplo para el resto de las empresas españolas, más bien, todo lo contrario.
