Hace unos pocos días, la Comisión Europea publicó una primera aproximación a la financiación de la Estrategia del Nuevo Pacto Verde, más conocido como ‘Green New Deal’. Como suele ser habitual en los últimos años, las autoridades comunitarias lanzan el titular de que se van a invertir un billón de euros (casi el PIB de España) para conseguir los objetivos de neutralidad climática, reforma de los sectores con mayor impacto carbónico y garantizar el bienestar especialmente de los colectivos ‘perdedores’ como la minería y la producción a partir de combustibles fósiles.
Además de publicar las primeras cifras estimativas del global del proyecto, la Comisión Europea también desveló cuál sería el reparto provisional de los fondos, siendo el más destacado el denominado ‘Mecanismo de Transición Justa’ que teóricamente estará dotado con 100.000 millones pero con bastante indefinición en la procedencia de su dotación y cuáles van a ser los criterios cerrados para los programas que serían susceptibles de ser financiados.
En toda la propuesta, la Comisión establece como principio básico el de la cofinanciación tanto de los Estados como de los fondos europeos que provienen del Presupuesto, lo cual supone quitar dinero de unas partidas para destinarlo a otras (por ejemplo, de los fondos de la política agraria común). Este concepto básico de ‘restricción presupuestaria’ parece no estar bien internalizado en los políticos, los cuales piensan que puede haber ‘dinero para todo’.
¿Cuánto hay de dinero real y cuánto de estimación?
A día de hoy y para los próximos diez años, el dinero real para acometer el Plan Verde alcanza los 500.000 millones de euros más 25.000 millones provenientes del mercado europeo de derechos de emisión de CO2 (ETS, por sus siglas en inglés), siempre y cuando se apruebe el nuevo Presupuesto de la UE 2021-2027 en los términos actuales donde se dedica hasta un 25% del total del presupuesto a la acción medioambiental (no hay que olvidar que hasta hace muy poco se destinaba más del 40% del presupuesto a agricultura y desarrollo regional).
El resto de la estimación de fondos es puramente especulativa o simplemente no es ‘dinero real’ sino deuda, al igual que ya pasó hace unos años con el ‘Plan Juncker’. Supone con las cifras presentadas un apalancamiento de 2 veces (en el caso del ‘Plan Juncker’ se aprobó con una ratio de 15 veces, la cual nunca se consiguió) a través de créditos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) bajo un mecanismo denominado “InvestEU”.
A estos fondos se añade una financiación suplementaria procedente de cada Estado, lo cual introduce la problemática de que los Estados con mayor capacidad financiera podrán ayudar mejor a sus economías que otros que tengan más limitados sus recursos, provocando agravios comparativos y erosionando la unidad de mercado. Aunque se impongan criterios de impacto sobre empleo, actividad o desarrollo regional, no será suficiente para ver la desigualdad en la gestión que se producirá entre los países ahorradores y los países deudores.
¿En qué posición queda España?
Dadas las restricciones presupuestarias de España, será de los países que menos disponibilidad de recursos propios tendrá para financiar programas de transición justa. Pero por si fuera poco, en un primer reparto provisional del Fondo de Transición Justa cuya dotación inicial sale de las partidas anteriormente mencionadas del Presupuesto Comunitario por importe de 7.500 millones de euros, España recibiría 376 millones netos, apenas un 4,1% del total.
Sólo Polonia recibirá 2.000 millones de euros, el 26% del total, como principal ‘perjudicado’ de la reconversión climática. Detrás vienen Alemania como el segundo país que más fondos recibe con 877 millones, seguida por Rumanía con 757 millones, la República Checa con 581 millones y Bulgaria con 458 millones.
En la cuestión del reparto de fondos europeos, pesan mucho los esfuerzos financieros ya realizados por España desde hace años: desde pagar la ‘curva de aprendizaje’ de las renovables hasta los pagos por reconversión en las zonas afectadas por los cierres de centrales eléctricas de combustibles fósiles o los cierres de industrias. De esta forma, aparece comparativamente mejor que otros países en la reducción de gases contaminantes, pero la contrapartida es recibir muchos menos fondos.
