La inseguridad jurídica endémica del sector renovable

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El pasado viernes 29 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el RDL 17/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación, que se publicó el sábado 30 en el Boletín Oficial del Estado. Bajo una ‘apariencia’ de trámite ordinario referente a la retribución regulada de la generación no peninsular (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), se esconde una modificación trascendental del marco normativo de las energías renovables que vuelve a abonar el terreno de la inseguridad jurídica

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La segunda burbuja renovable, en marcha

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España puede estar ante la segunda gran burbuja renovable, pero a esta vez no es en la generación directamente sino en las peticiones de conexión a la red. Cualquiera de los subproductos del sistema eléctrico nacional se ha convertido en un producto financiero susceptible de ser negociado en mercados secundarios que se crean al calor de los estímulos públicos. En esta ocasión, el principal motor es la política energética del Gobierno y, más concretamente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) remitido a la Comisión Europea, el cual establece un proceso de descarbonización de la economía y su sustitución por renovables de forma urgente y más exigente que los objetivos planteados por Bruselas.

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