Cuando se habla de transición energética enseguida aparecen aspectos nucleares como las inversiones, las políticas de reconversión energética, la administración pública que potencia los cambios, las instituciones europeas… pero ¿dónde se sitúa el consumidor?
En este sentido, el consumidor no puede ser un actor pasivo que toma como dada la regulación que le llega, sino que debe ser un actor activo y fundamental en el proceso. Con este espíritu, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública llamada ‘Evaluación de impacto inicial de una propuesta legislativa para dar importancia al consumidor en el proceso de transición ecológica, a través de la cual pretende impulsar una nueva «agenda del consumidor» de la UE, dando especial importancia a la sostenibilidad de los productos, la toma de decisiones “ecológicas” y la promoción de modelos de “consumo circular”.
Sobre el papel, es un plan que aspira a “nivelar” el poder de mercado del consumidor frente al resto de la cadena de valor (lo que normalmente se dice “empoderar”), sin embargo, se convierte en otro desiderátum más de la regulación que puede no acarrear un resultado del todo positivo para el consumidor a la hora de fijar los precios y las condiciones de calidad de cualquier producto o servicio “sostenible”.
Empoderar al consumidor en el proceso de transición ecológica
De las áreas en que separa la Comisión Europea la consulta, un primer aspecto relevante es la trazabilidad de los productos. En un entorno global y en constante cambio, conseguir rastrear sin errores quién, cuándo, dónde y en qué condiciones se fabrican todos los productos comercializados es clave para garantizar que se cumplan los estándares ambientales y sociales y se respeten los derechos humanos a lo largo de su cadena de valor.
Este desafío es especialmente complicado en la industria que tiene que ver con la fabricación de un gran número de artículos muy heterogéneos, cada uno de los cuales requiere diferentes materias primas (por ejemplo, la industria textil). Su preparación puede estar compuesta por muchas etapas, materiales o procesos diferentes que implica la interacción entre varios sectores al mismo tiempo.
La digitalización de lo que es evidente y los estándares de trazabilidad que nos van a garantizar que la información es verdadera, son elementos fundamentales a tener en cuenta. Lo que no está tan claro es cómo se hará y cuál será la implantación real en cadenas de distribución locales donde la propia regulación europea está impulsando una mayor creación de micro-mercados o mercados locales de contacto directo entre productor y consumidor.
En segundo lugar, lo que entendemos por “producto sostenible” también debe ser clarificado. La economía circular debe garantizar productos de alta calidad, funcionales y seguros, que sean eficientes y asequibles, duren más y estén diseñados para su reutilización, reparación y reciclaje. Además, para garantizar la completa sostenibilidad de los productos, se deben respetar los derechos laborales y humanos en toda su cadena de valor. Es clave identificar un criterio común para poder medir el desempeño en cuanto a sostenibilidad del producto desde una perspectiva ambiental como social y de derechos humanos para generar elecciones sostenibles para los consumidores. Esto es lo que puede darse con la metodología de Huella Ambiental de Productos (PEF) como herramienta en las que se van a basar las declaraciones ecológicas.
Dado que en la actualidad no existe un marco unificado y de uso universal desde una perspectiva ambiental como social y de derechos humanos para generar elecciones sostenibles para los consumidores que incluya su cadena de valor, también se podrían promover y desarrollar esfuerzos colaborativos en este campo, construyendo y consolidando las diferentes metodologías y trabajos que las empresas y otras entidades están llevando a cabo en esta línea.
Por último, debemos movilizar el potencial de la digitalización de la información del producto, agregando a la información disponible de base, otros enfoques que aporten evidencias definidas fácilmente. Junto con la industria, el contenido y metodología que respalda las diferentes soluciones, como ejemplo podemos listar pasaportes digitales, marcas de agua y etiquetado. Las soluciones digitales adoptadas deben ser escalables, aplicables y sostenibles para los diferentes tipos de negocios que componen la industria, desde empresas multinacionales hasta pymes locales.
Armonizar la legislación de protección del consumidor
El camino más sencillo para poder “nivelar” de forma eficaz al consumidor con el resto de la cadena de valor es armonizar la legislación de protección del consumidor existente, dado que ya existe un gran número de normativas europeas y nacionales que proporcionan mecanismos para cumplir muchos de los objetivos que persigue esta iniciativa (es decir, legislación general de protección al consumidor, competencia desleal, publicidad engañosa, etc.). Sin embargo, en muchas ocasiones lo que realmente existe es un problema de efectividad en lo relativo a la aplicación de esta normativa, así como también detectamos el escaso conocimiento por parte de los consumidores de sus derechos vigentes en lo relativo a estos temas.
En lugar de crear nuevas regulaciones, que probablemente podrían generar cargas adicionales para las empresas, los problemas antes mencionados podrían atajarse a través de diferentes instrumentos (como mecanismos de cooperación; coordinación; mejora de la transposición, implementación y aplicación de las normas de la UE; formación; información , etc.), como ya se aborda en el «Plan de acción a largo plazo para una mejor aplicación y cumplimiento de las normas del mercado único» (elaborado por la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de la Región de 10.3.2020).
En este sentido, la proliferación actual de legislaciones nacionales divergentes, los problemas en la aplicación a nivel nacional de determinada normativa comunitaria vigente, o la falta de una vigilancia efectiva de los agentes económicos, generan cargas de diferente naturaleza en función del territorio específico de la UE, lo que da lugar a nuevas barreras y distorsiones del mercado único. Por ello, la armonización o hegemonía en este escenario permitiría la reducción de estas cargas y barreras, así como el refuerzo del mercado único.
